Dos meses después de las elecciones al Parlament seguimos sin Gobierno. La mayoría independentista pasea por las calles de Cataluña un autocar para exhibir su 52%, pero ha sido incapaz de ponerse de acuerdo. Un día tras otro conocemos propuestas oficiales y oficiosas de ERC, JxCat y la CUP para construir un nuevo Gobierno. En todas rezuma la profunda desconfianza entre las partes y un desprecio indisimulado hacia la arquitectura institucional de nuestro autogobierno.

Su máxima expresión la encontramos en la moción de confianza a la que se someterá el President dentro de dos años, poniendo así fecha de caducidad al Ejecutivo no nato, como si fuese un yogurt. El desprecio a las instituciones presenta dos muestras preocupantes en el impulso de la acción de gobierno y en su control. Que la orientación de la acción gubernamental se sitúe en un organismo privado, el autodenominado Consejo por la República, sustrae al Parlament una de sus principales funciones y la privatiza. Que la rendición de cuentas tenga un nivel público y otro “más discreto”, por el acuerdo ERC-CUP, es un insulto a la inteligencia y denota la deficiente cultura democrática de quien lo impulsa. A todo ello, podemos añadirle el botón rojo para autodinamitar el Gobierno, las convivencias semestrales de fin de semana para los integrantes del Ejecutivo y el número creciente de órganos y comisiones de coordinación, ajenos a los mecanismos de nuestro sistema institucional o estatutario.

Si los recelos y las formas son desalentadores, los contenidos y objetivos programáticos aún son más preocupantes. Por ejemplo, en el orden público. El acuerdo CUP-ERC desprende desconfianza, animadversión y hostilidad hacia los Mossos, con medidas que tienen por objeto debilitarlos ante los violentos. Retirar las acusaciones particulares contra los participantes en movilizaciones sociales y políticas, no aplicar la ley de Seguridad ciudadana porque “vulnera el derecho a la manifestación” o eliminar el cuerpo de abogados de Interior, especializado en la defensa de los policías cuya actuación ha sido judicializada, son tres muestras claras de debilitamiento de la policía, por no hablar de la retirada de determinadas herramientas policiales necesarias para contener los violentos.

Pedir a nuestra policía que preserve el orden público y al mismo tiempo privar a sus miembros de defensa jurídica y de recursos materiales necesarios para hacer bien su trabajo es un espectacular ejercicio de cinismo. Denota hasta dónde están dispuestos a claudicar los republicanos y Junts ante la CUP para sentarse de nuevo en el Gobierno. Un Gobierno al que, por lo visto, le preocupa entre poco y nada la recuperación económica, la seguridad jurídica, el orden público o la estabilidad, elementos todos ellos esenciales para dibujar nuestro futuro.

Ramon Espadaler, secretario general de Units per Avançar