Hace unos días, el diario elEconomista.es (jueves, 5 de octubre) nos recordaba que el plan del Gobierno de revisar exhaustivamente los beneficios fiscales continúa vigente, y nos anunciaba la posible eliminación de la tributación conjunta.

Se informaba también al respecto de su fuerte impacto recaudatorio (2.400 millones de euros), y de que tanto expertos de la AIReF, como del grupo de expertos del Ministerio de Hacienda, autores del Libro Blanco publicado a inicios de 2022, coinciden en la necesidad de eliminarla por dos razones fundamentales: su desaparición en la mayoría de los países del mundo, y su presunta contribución negativa a una mayor integración laboral de la mujer.

En idéntica línea, Gestha, la asociación que agrupa a los técnicos de Hacienda, ha reclamado también su supresión. La noticia, que no me dejo indiferente, me hizo reflexionar sobre determinadas cuestiones. Recordemos, ante todo, que la iniciativa se incluye en el Plan de Recuperación que el Gobierno presentó en su día a Bruselas. Su objetivo, pues, es muy claro: reducir la senda del déficit.

Y ahí está una de mis reflexiones. Hemos ya asumido como normal que cualquier ajuste pasa inexorablemente por aumentar los impuestos, ya sea creando nuevas figuras impositivas, o eliminando incentivos fiscales.

Nunca he oído, aunque sé que así consta en el documento presentado a Bruselas, que el ajuste se ha de hacer también en el gasto. Y no me refiero a recortar el Estado de Bienestar, sino a eliminar las duplicidades, el gasto superfluo, y el gasto político, así como a reducir el gasto a través de la mejora en la eficiencia y eficacia en su gestión.

Que yo recuerde, no me consta ninguna medida que se haya adoptado al respecto, ni ninguna propuesta dirigida a conseguirlo. Sin embargo, es la medida que un “diligente padre de familia” adoptaría si tuviese que ajustar su presupuesto familiar. Es, digámoslo claro, lo que muchos de nosotros estamos haciendo. Ya no les digo nada si el “súper”, el Estado, redujera sus “precios”, los impuestos, permitiéndonos equilibrar nuestro presupuesto familiar. Pero entiendo que no lo haga porque su situación empeoraría. Lo que si me cuesta entender es que no avance decididamente en la vía del gasto. Sigamos.

Siempre he dicho que es necesario revisar los incentivos fiscales. Coincido, pues, con los autores del Libro Blanco, y con los expertos de la AIReF. Pero ello se ha de hacer de forma selectiva y por razones de eficacia.

Todos los incentivos requieren de una evaluación ex post. Gracias a la AIReF, esta evaluación se está haciendo y ha puesto en entredicho la eficacia de alguno de ellos. Es, pues, obvio que hay que revisar aquellos que están dando el resultado esperado, corrigiéndolos, o eliminándolos. Pero revisar los incentivos no es eliminar los que más reducen la recaudación, sino corregir o eliminar aquellos que no son eficaces.

Y para corregirlo hay que recordar la finalidad para la que cada incentivo se ha diseñado, en nuestro caso, la promoción de la familia. Sea como fuere, nunca he sido muy partidario de los incentivos.

Primero, porque detrás de ellos se esconde siempre un grupo de presión. Segundo, porque nunca se justifican en términos de coste-beneficio. Tercero, porque salvo que se justifiquen bien, afectan negativamente a la equidad. Cuarto, porque detrás de ellos se esconde una fuerte dosis de populismo clientelar. Y quinto, porque estoy convencido de que la idea de que los inventivos promueven determinadas conductas, es falsa. Y lo digo por experiencia.

No conozco a nadie que haya dejado de adoptar una decisión por motivos exclusivamente fiscales. Lo ha hecho, eso sí, por el contexto económico, por la inseguridad jurídica, y por muy distintas y justificadas razones. Pero no solo por los impuestos.

Sin embargo, parece que la fiscalidad tiene la culpa de todo. Y esa idea, insisto, es falsa. Díganme, si no, qué estudio empírico, objetivo, y riguroso, acredita que la presión fiscal es el motivo de nuestra pérdida de poder adquisitivo, o de la falta de crecimiento económico.

Cosa distinta, es que la presión fiscal sea excesiva, o, mejor, que la percepción de sacrificio fiscal sea muy alta. Pero esta es otra cuestión muy distinta. Y no digo que los incentivos bien diseñados no sean eficaces. Pero cuidado. La creación de riqueza no depende de los incentivos. Y si es así, el problema no son los incentivos.

Es obvio que la fiscalidad incide en la eficiencia económica. Pero de ahí a culpar a los impuestos de todos los males, hay un largo recorrido.

El problema es que el Estado nos ha acostumbrado a que el gasto no tiene más límite que los impuestos. Para quienes nos Gobiernan, la clave del éxito son los impuestos. Y de ahí al abismo, hay muy poco.

Pero este es otro problema que nada tiene que ver tampoco con la culpa que a los impuestos se les atribuye. Desde que me dedico a ellos, siempre he oído que la presión fiscal es excesiva.

Es cierto, eso sí, que hay que poner fin al parcheo y al populismo, y abordar una reforma fiscal integral que transmita la percepción de justicia y que mejore la deficiente equidad actual. Reforma cuyo éxito depende de un amplio consenso político y social y de un debate previo sobre la eficiencia y eficacia de nuestras políticas de gasto, y que ha de dar como resultado un sistema fiscal sostenible, razonable y aceptado por todos.