Article d’Antoni Durán-Sindreu, membre del comitè directiu d’Units per Avançar i coordinador del programa econòmic que avui publica el diari Expansión.

FISCALIDAD SOCIAL: MAYOR COMPROMISO Y MENORES OBLIGACIONES

Salvo situaciones de fuerza mayor, no soy partidario de que el Estado intervenga en el mercado. Me estoy refiriendo, en concreto, a los precios de los alquileres.

Sin embargo, es cierto que estos están siendo un freno importante para el acceso a la vivienda.

¿Qué hacer pues?

En mi opinión, el problema de origen es el bajo nivel de los salarios. A menor sueldo, mayor es la proporción que el alquiler representa sobre los mismos. En este contexto, no hay que olvidar que España tiene un salario medio mensual ligeramente inferior al de la media europea y una cuña fiscal (impuestos y seguridad social) 3 puntos por encima de la media. Actuar sobre los salarios permitiría, pues, que la proporción que los alquileres representan sobre los mismos mejore. No hay que olvidar tampoco el efecto negativo que la inflación ha tenido en el poder adquisitivo de los ciudadanos, y que uno de los efectos de las dos últimas crisis ha sido la paulatina desaparición de la clase media con el consiguiente crecimiento de los extremos: riqueza y pobreza. Mientras esta última se concentra en un ínfimo porcentaje de la población, aquella va poco a poco aumentando hasta alcanzar niveles francamente preocupantes.

No nos ha de extrañar, pues, pero si preocupar, que el ahorro de los hogares tienda a reducirse respecto a la época pre-COVID, y que nuestra renta per cápita se sitúe por debajo de la media de la UE.

Y a pesar de ello, nuestra economía no ha entrado ni mucho menos en estado de shock.

Parece, pues, obvio, que la principal solución a los precios de los alquileres pasa inexorablemente por la creación de riqueza y la consiguiente disminución de los extremos. En definitiva, por reducir el “peso” relativo que aquellos tienen sobre los salarios, esto es, crear riqueza y recuperar la clase media.

En este contexto, “topar” los alquileres no soluciona el origen del problema, o, al menos, uno de ellos.

Sin embargo, son necesarias más medidas.

¿Cuáles?

Pues “premiar” a quienes se comprometen con el bien común y reducen sus pretensiones económicas hasta niveles de lo que se denomina “alquiler social”. Y premiar, digo, porque quienes se comprometen socialmente permiten una menor inversión del Estado y, por tanto, menores impuestos. Qué menos, pues, que premiar a quien se esfuerza adaptando sus pretensiones a las que el Estado pretende promover.

Lo mismo, por su puesto, para quien pone en el mercado viviendas vacías.

Obviamente, el premio ha de compensar el esfuerzo que el ciudadano hace mediante una importante reducción de la base imponible en el IRPF.

Esta propuesta, que predico hace ya tiempo, la había propuesto en su momento, y si la memoria no me falla, el entonces ministro Ábalos. Propuesta que, con mejor o peor fortuna, figura en el proyecto de ley por el derecho a la vivienda.

Pero el tema no acaba ahí.

Dada la función social que la propiedad tiene, hay que disuadir la tenencia de pisos vacíos. Esta voluntad disuasoria es la finalidad extrafiscal que algunos impuestos tienen y que el Tribunal Constitucional ha avalado. Se trata, en definitiva, de gravar, como algunas CCAA ya hacen, la tenencia de pisos vacíos, de establecer un recargo en el IBI, y de replantear la fiscalidad de la riqueza.

Pero hay más. La promoción de vivienda social ha de venir de la mano de la colaboración público-privada. Y en este sentido, es necesario promover el régimen fiscal de las entidades de alquiler de viviendas y recuperar la antigua bonificación del 85 %, además de otras medidas fiscales.

Pero para conseguirlo es imprescindible cambiar el “chip”.

En efecto. Es necesario interiorizar que el premio fiscal no es perder recaudación, sino impedir que el gasto aumente.

Por su parte, la fiscalidad “social”, como me gusta llamarla, incide en el compromiso social y solidario que todos tenemos con el bien común y permite avanzar hacia una verdadera responsabilidad social. No olvidemos, tampoco, que “premiar” es mucho mejor que “imponer o prohibir”.

Pero para ello hay que reconocer la función social de las empresas, como creadoras de riqueza y corresponsables del bien común en su relación con todo su entorno, esto es, con trabajadores, proveedores, acreedores, clientes, y un largo etcétera.

La vía del “premio” nos permite, por último, fomentar la verdadera “solidaridad”, que no es pagar más impuestos, sino contribuir libre y responsablemente al bien común. Es, por tanto, una vía que no obliga a nadie a hacer nada, e incentiva a quien quiere hacerlo libre, voluntaria y responsablemente. Eso sí. A mayor solidaridad, menores obligaciones.

Antonio Durán-Sindreu Buxadé

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A EXPANSIÓN DURAN-SINDREU