Article d’Antoni Durán-Sindreu, membre del comitè directiu d’Units Per Avançar.

Mucho me temo que cuando haya transcurrido la pesadilla del COVID-19, la presión fiscal se incrementará de forma notable. Es cierto, no obstante, que, dada la magnitud de la actual catástrofe económica, previsiblemente ello no ocurrirá a corto plazo.

Pero hoy no me voy a referir a esto porque la actual crisis económica me ha traído a la mente reflexiones que quisiera compartir.

No son reflexiones de técnica tributaria. Pero creo, de verdad, que en ocasiones hay que hacer un stop en el camino y aprovechar nuestra posible influencia para salirnos de nuestra torre de cristal y avivar debates que son también necesarios.

Ya he dicho varias veces que contribuyente y Administración no son iguales ante la ley. Y no lo son por las consecuencias que la presunción de legalidad de los actos administrativos tiene.

Pero esa desigualdad es más manifiesta, si cabe, si observamos con detenimiento las diferencias que existen entre el sector público y el privado.

Mi crítica, vaya por delante, es una crítica al sistema; no a las excelentes personas y profesionales que conforman el perímetro de la Administración Pública española.

Es obvio que el sector público goza de unos privilegios que el sector privado no tiene.

Para empezar, y no es poco, el sector público vive ajeno al estrés de los ERTE y otros avatares propios del sector privado. Todos los funcionarios tienen su salario, y sus prerrogativas, garantizadas.

Se trata de una discriminación difícil de entender en términos de igualdad, pero de la que nadie habla.

Y lo cierto es que todo parecido entre el régimen jurídico de los funcionarios y de los empleados privados es pura coincidencia. Ni los “moscosos”, ni las excedencias con reserva del puesto de trabajo, ni la imposibilidad de despido o de ERTEs, ni un largo etcétera, son iguales. Por ser diferentes, lo son también los salarios entre sectores de actividad idénticos.

Por si fuera poco, la crisis se ceba especialmente, por no decir exclusivamente, en el sector privado.

La crisis, por tanto, afecta de forma desigual al sector público y al privado.

Pero claro, reconocer que la economía es la garantía del bienestar, o la de una vida digna, duele y mucho. Pero esta es la realidad.

Si damos un paso más, hablar de economía es hablar de empresas. Estas son quienes crean y destruyen riqueza; quienes financian al sector público; las que crean desigualdades, y evitan mayor pobreza. Las que permiten que el sector público se financie. Sin sector privado no hay sector público posible.

Y lo privado, la economía, las empresas, los ciudadanos, las personas requieren hoy de liquidez. Liquidez urgente. No créditos. Ayudas directas; a fondo perdido. No reintegrables. Ni más ni menos, lo mismo que España pide a Europa para sí misma. ¿Una contradicción, no?

Y ahí viene la segunda desigualdad. Cuando el sector público se ha de comprometer con el privado, no lo hace.

Y no lo hace porque lo que las empresas necesitan hoy son esencialmente tres cosas que el sector público no les da.

La primera, transfusión de sangre, esto es, liquidez no reintegrable. Ayudas directas. Ni más, ni menos, lo que Alemania o Dinamarca están también haciendo con sus empresas.

La segunda, oxígeno, esto es, liquidez reintegrable que les permita recuperar la normalidad. Pero tampoco. La burocracia de la Administración y la avaricia de algunas entidades financieras están dificultando que aquella llegue al paciente. Las PYMES y los autónomos están desolados. A muchos se les solicita aval; se les deniega la ayuda; o se les exigen condiciones creo que abusivas. Muchos de ellos ya han muerto. Otros muchos están ya en la UCI. Y poca broma. Representan más del 80 % del PIB. No nos equivoquemos. Estas, y no las grandes, son las empresas que más ayudas necesitan porque son las más frágiles económica y financieramente. Las que carecen de recursos. Las que viven en permanente economía de supervivencia.

Y la tercera, confianza de la Administración para que el propio sector privado sea quien se autorregule renegociando contratos, acuerdos y/o pactos, refinanciando deuda, o rediseñando políticas empresariales. Pero no. La obsesión por el intervencionismo, o, mejor, por el paternalismo, nos corroe.

Y claro, el problema, ya lo verán, será la falta de solidaridad europea. No la insolvencia económica de la que España se ha hecho acreedora con creces. No; la falta de solidaridad. Pero lo que falta, además de solidaridad, es humildad en reconocer los errores que no permiten a España ayudar a las empresas como los países más “prudentes” económicamente están haciendo.

Sea como fuere, no hay correspondencia entre el esfuerzo que la Administración exige permanentemente a las empresas y a los ciudadanos y el que se espera que, en momentos como los actuales, la Administración haga por ellos.

No existe, por decirlo claro, un reparto equitativo del esfuerzo ni de las consecuencias de la crisis. Una vez más, la igualdad brilla por su ausencia.

Eso sí. Se habla de bono “social”, renta “mínima”, y de un largo etcétera, olvidando, insisto, que nuestra enfermedad es de liquidez; enfermedad, recordémoslo, provocada por el propio Estado al aprobar el Estado de Alarma; enfermedad cuya única causa es el freno en seco que ello ha producido en la economía; en la circulación del dinero; en el flujo monetario. Se ha perdido mucha sangre. Y sin ella, primero, la anemia, y después, la muerte.

¿Quiere eso decir que nos hemos de olvidar de otras medidas como la renta mínima? Pues no. Ni mucho menos. Quiere tan solo decir que no hay que olvidar que lo urgente es inyectar liquidez a las empresas enfermas por el coronavirus; liquidez que se ha de destinar al cumplimiento de sus obligaciones.

Si la liquidez fluye, se evita el contagio y la curva de vulnerabilidad disminuye; vulnerabilidad que es el efecto secundario de la falta de “sangre”.

Es por tanto imprescindible priorizar bien. Sin populismos; con realismo. Sin la mirada puesta en los réditos electorales. Lo único que ahora importa es la supervivencia; el bien común.

Es pues el momento de poner en marcha el denominado “helicóptero monetario”.

Se dirá, y es cierto, que quien ha de hacerlo es el Banco Central Europeo. Pero ello no impide, primero, que España así lo reivindique; y segundo, que hasta que ello no ocurra, el Gobierno apruebe ayudas directas. Pero no. Ni una cosa ni otra. Eso sí, para mayor descaro el Gobierno ha aprobado un fondo no reembolsable para las CCAA. Para mí, un verdadero escándalo y un ejemplo más de incompetencia.

La verdad es que tengo la sensación de que el COVID-19 está siendo la excusa para implantar medidas que en otro contexto sería muy difícil de hacer. El supuesto de la renta mínima es tan solo un ejemplo.

Se olvida, eso sí, la oportunidad que tenemos de aprovechar sus enormes oportunidades: adaptar nuestras cadenas de suministro y valor, profesionalizar nuestras PYMES y autónomos, fomentar el I+D+IT, apostar por una industria nacional y competitiva internacionalmente, por el desarrollo tecnológico, etc.

Pero hay más. Mientras el Estado supera el límite de endeudamiento que la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria establecen sin que nadie responda por ello, en el sector privado tal comportamiento tiene consecuencias legales importantes en términos concursales y de responsabilidad.

De ello se induce que mientras la gestión política irresponsable está impune, la gestión privada está sujeta a unas normas que, de incumplirse, tienen graves consecuencias para sus gestores.

En otro orden de cosas, es obvio que la crisis del COVID-19 va a tener un coste de dimensiones presupuestarias importantes e inéditas.

Es evidente que este no se va a poder financiar con impuestos, al menos, a corto y medio plazo. Entre otras razones, porque la diezmada economía española no soportaría esa extracción de sangre que agravaría nuestra anemia e impediría la recuperación económica.

Tampoco se puede financiar con mayor deuda. O sí. Pero a cambio de un nivel de endeudamiento insostenible acrecentado por los efectos de la caída del PIB, el mayor gasto público, y la caída inevitable de los ingresos, junto con un previsible incremento de la prima de riesgo y de la desconfianza de los compradores de deuda, únicos beneficiarios de la crisis; situación, sin duda, que nos augura un futuro nada halagüeño en lo que a presión fiscal se refiere.

En este contexto, es previsible que el miedo, la incertidumbre y la inseguridad se apoderen de nosotros.

Se vislumbra, de hecho, una profunda crisis social fruto del aumento de los supuestos de vulnerabilidad y pobreza. No hay que olvidar que más del 50 % de las familias declara tener dificultades para llegar a final de mes. El riesgo de pobreza está pues ahí. Es por tanto imprescindible hacer lo imposible para evitar ese riesgo latente de eclosión social.

Y la única solución es la ayuda de Europa; ayuda que no se puede limitar a créditos que incrementen nuestro ya muy elevado endeudamiento y disminuyan todavía más la capacidad de recuperación.

España, y muchos países de Europa, están ya al límite de sus posibilidades. De ahí, precisamente, la petición de nuestro país de ayudas directas y/o de deuda perpetua.

Es cierto que la crisis sanitaria afecta por igual a todos los europeos, pero no es menos cierto que la solvencia económica de los distintos países asoma ahora por la ventana poniendo en evidencia a unos y a otros. ¿Solidaridad?

Sea como fuere, el “helicóptero monetario” es sin duda el instrumento adecuado para evitar la segura caída de la demanda e inyectar liquidez directa a las empresas y a los ciudadanos; para evitar la mortalidad empresarial y la destrucción del tejido productivo; para que la sangre fluya; medida que no permite mayores demoras y cuyo actor principal es el Banco Central Europeo.

Para convencernos basta con mirar a China y observar la importante caída del consumo en un país en el que este tiene un menor peso sobre el PIB que en Europa. Pero sin ir más lejos, basta con ver las previsiones económicas del Banco de España.

El COVID-19 mata a personas y a empresas. No lo olvidemos. Es una crisis sanitaria y económica. El equilibrio es lo prudente.

Sea como fuere, el COVID-19 ha puesto en evidencia la situación límite de algunos países, como España, que, además, no ha hecho los deberes que la última crisis nos dejó pendientes: déficit en I+D, PYMES no profesionalizadas, reforma de la Administración Pública, fracaso escolar, precariedad laboral, revolución tecnológica, y un largo etcétera.

Pero, además, y esto es importante, el COVID-19 ha evidenciado la rápida adaptabilidad del sector privado en cubrir las necesidades del sector público. Su mucha mayor eficiencia; su mayor capacidad de respuesta; su agilidad. Su capacidad de reinventarse; su enorme dosis de solidaridad y compromiso. Su creatividad.

Ejemplos, hay muchos. Desde la SEAT, pasando por INDITEX, BON PREU, GRIFOLS, BANCO DE SANTANDER, EUROPCAR, CENOR ELECTRODOMÉSTICOS, CAAMAÑO y una larguísima e inacabable lista de empresas conocidas y no conocidas que han cubierto los fallos y déficits de la Administración y que están ya rediseñando sus estrategias.

Pero el “compañero de viaje” no está a la altura de las circunstancias.

Y no lo está porque se empeña en extralimitarse de sus funciones, interviniendo en exceso; porque desconoce la infinita casuística de la realidad privada, y porque se niega a la inevitable colaboración social anulando, incluso, la libertad responsable de las personas.

El Estado, de hecho, nos ha sustituido en nuestras libertades y derechos fundamentales. Suecia, la tan cacareada Suecia, todo lo contrario.

Lo cierto es que la crisis ha evidenciado una Administración obsoleta, lenta, burocratizada, excesivamente politizada, escasamente digitalizada, y de elevado coste.

A pesar de ello, mucho me temo que el debate que en poco tiempo se nos pondrá encima de la mesa es el de la necesidad de un sector público más fuerte y con mucho mayor peso. La solución a nuestros problemas se nos dirá, es el Estado.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad.

Primero, porque el sector público es, por definición, menos eficiente y productivo que el sector privado; con una lenta capacidad de respuesta y altamente burocratizado y politizado. Y segundo, porque una cosa es defender “lo público” y otra, muy distinta, la exclusividad o el monopolio del sector público. Del Estado.

Defender lo público es defender la universalidad de la sanidad y su financiación pública. Defender el monopolio público es defender que esta exige una única y exclusiva red pública que cubra sus necesidades. Es obvio, pues, que hablamos de cosas distintas. En efecto; una cosa es quien provee los bienes y servicios de interés “público”, y otra, muy distinta, quien los financia.

Y eso nos lleva a otra necesaria reflexión. La colaboración público-privada. Esta es imprescindible; necesaria. Es la única opción posible. Ahora, más que nunca. Sin ella es imposible salir de este largo y oscuro túnel en el que nos encontramos.

Es la responsabilidad personal, el esfuerzo, y la iniciativa privada de las personas y de las empresas la que nos permitirá salir de esta terrible pesadilla. La Administración Pública no nos va a salvar del desastre. Es momento de mantener lo que ya tenemos. De mantener el empleo y el nivel de riqueza. De aprovechar las oportunidades. De ser eficientes; creativos. De asumir riesgos. De innovar. Y esa no es la función de la Administración. Esta, eso sí, lo ha de posibilitar; fomentar. Pero no intervenir. Es el momento de ceder el liderazgo al sector privado. A quien crea la riqueza a redistribuir. A quien crea empleo. A quien promueve el crecimiento y el desarrollo.

Es por tanto imprescindible fomentar un orden social y económico que permita que la iniciativa y la creatividad privada fluyan con espontaneidad. Con reconocimiento; con compromiso. Sin miedo. Con seguridad jurídica.

En este sentido, es urgente que se deje de “sustituirnos” en nuestra responsabilidad; en nuestra libertad. De practicar un falso paternalismo. Es el momento de promover la responsabilidad individual; la colaboración; la emprendeduría. De dejar que fluya la enorme capacidad innata del sector privado.

Es el momento de sustituir intervención por colaboración. Colaboración en defensa de lo público; del bien común; del interés general. Este, y no otro, es el camino y la enseñanza que el COVID-19 nos deja.

Desde esta perspectiva, es también inevitable una fiscalidad colaborativa que cimente sus raíces en promover la responsabilidad individual y social de empresas y ciudadanos, y que permita un ajuste eficiente de la Administración sin detrimento del Estado de Bienestar.

Es la hora de reestablecer el equilibrio entre el sector privado y el sector público; de la igualdad de esfuerzo y compromiso de ambos. De diseñar un modelo productivo para España y su financiación. Es el momento de colaborar; de aprender de los errores. Del respeto; de la humildad. Del diálogo. De los pactos; pactos entre los agentes sociales y económicos. Pactos con la sociedad civil.

Pero si de algo no es el momento, es el de recaudar como solución al problema. De aumentar la presión fiscal. De incrementar los niveles de insolvencia estatal.

Es el momento de optar por pobreza, o bienestar. De preservar la paz social o de enfrentarnos a una grave crisis social. De optar entre libertad y seguridad. Entre seguridad y libertad responsable. De reconducir nuestra sociedad, o de dejar que explosione. De salvar lo que ya tenemos, o de destruirlo. Es el momento del cambio.

Es el momento de que un sector privado comprometido lidere la recuperación con la confianza y el apoyo de la Administración Pública.

Por eso, y solo por eso, soy absolutamente escéptico de que la Comisión parlamentaria por la recuperación económica sea la solución, porque esta no va a venir de la mano de los políticos, sino de la sociedad; del sector privado; de las empresas y de los ciudadanos. De la sociedad civil.

Tengo la sensación de que el mañana será igual que el ayer, pero con todas nuestras contradicciones, fragilidades y paradojas agravadas; al límite. Con una crisis política importante y preocupante.

Confío, pues, en que el COVID-19 no nos impida ver que tras él se esconde el fracaso de nuestros políticos que, por acción u omisión, han permitido una situación práctica de fallida que no nos permite más errores. Se esconde el fracaso de una política de confrontación. De una política populista plagada de mantras. De una política clientelar y electoralista.

Como ya les he anticipado, estas reflexiones poco tienen que ver con cuestiones tributarias. Sin embargo, es obvio que todo acaba teniendo consecuencias tributarias. La gestión del COVID-19 no es una excepción.

Y no nos confundamos. El 4 de mayo es tal vez el inicio de una nueva normalidad. Pero la crisis económica nos continuará castigando durante mucho tiempo.

¿Apocalíptico? No. En mi opinión, una verdadera oportunidad. La última.

Antonio Durán-Sindreu Buxadé

Profesor de la UPF, Doctor en Derecho y Socio Director DS